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Controversia:

 

¿Las iglesias y monasterios deben abrir sus puertas?

“El 80% de los bienes pertenecientes al Estado están en iglesias, monasterios, conventos etc.”, dice Joaquín Moscoso, asesor de comunicación del Ministerio Coordinador de Patrimonios. Esta entidad lleva un inventario de los bienes patrimoniales. Sin embargo, no se sabe si todas las pertenencias de la iglesia están declaradas. Según afirma el antropólogo Florencio Delgado, ni este ministerio ni ninguna otra institución tiene acceso a sus reservas patrimoniales.

 

Este código está vigente  desde 1937, cuando el Estado ecuatoriano y la Santa Sede acordaron el Modus Vivendi. El acuerdo, aparte de restablecer relaciones diplomáticas entre las dos potestades, devolvió el poder jurídico a la orden eclesiástica. Por lo tanto, asegura Moscoso, la Iglesia se reserva el derecho de informar la cantidad de material patrimonial que tiene. “Aquí se apela a la buena fe”, añade Delgado. 


 

 

¿Un bien patrimonial?

No hay una definición exacta de qué es un bien patrimonial, pero Luis Parraguez, abogado civil y decano de la Escuela de Derecho de la USFQ dice que el término se aplica a  “toda obra o documento que dé testimonio de nuestra cultura o de algún acontecimiento histórico, sea prehispánico, colonial o posthispánico”.

El Instituto Nacional de Patrimonio, entidad adscrita al Ministerio de Patrimonio, es el organismo rector en el registro de bienes culturales. La curia conforma parte de la jerarquía del Instituto, por lo que también tiene derecho a regular todo lo relacionado a bienes patrimoniales.  El arqueólogo Salgado asegura que  de acuerdo a este beneficio la Iglesia “tiene ventajas”.

La promulgación de la ley de patrimonios se creó en 1979. A partir de ahí no ha sido modificada, asegura Parraguez. Esta consta de dos segmentos. Uno, correspondiente a los bienes de dominio público y de propiedad del Estado y el otro relacionado a los bienes de propiedad de particulares, como es la situación de la Iglesia. Según el Régimen de Patrimonio Cultural, los bienes no pueden ser destruidos, enajenados ni vendidos sin autorización y deben tener los cuidados necesarios. En caso de venta, el Estado tendrá preferencia ante todo. Así mismo, el Estado tiene derecho de expropiarlo, si el dueño del bien no cumple con las limitaciones, indica el abogado.

 

Un disputa histórica



La hermana María Teresa, abadesa del claustro de las Madres Contemplativas, cuenta que en un inicio su monasterio estaba ubicado en el centro de Quito. “Cuando nos mudamos a Pomasqui, dice la hermana, la madre superiora de aquel entonces decidió vender varias de nuestras reliquias, como un calvario y un nacimiento antiguo". Las monjas reclamaron, pero nunca les dieron respuesta.

Misma situación se vivió en la congregación de las Madres Conceptas. Según relata Silvia Ortiz, historiadora de arte y restauradora, “quemaban documentos del siglo XV y marcos apolillados porque creían que ya no servían”. Este monasterio, explica Ortiz, tiene los archivos más viejos de la ciudad al ser el primero en construirse en 1575. “Cómo habrá sido antes, si ahora tienen tantas maravillas”, expresa.  La restauradora cree que muchas de las monjas se limitan a lo religioso y no saben de las magníficas obras que están a su alrededor.

Estos bienes pertenecen a la Iglesia desde hace siglos, cuenta Ortiz. Aunque, “los vayan heredando, esto no les hace propietarios”, agrega. La Iglesia tiene cantidad de bienes  valiosos por el rol importante que jugó durante la época colonial. Sin embargo, Delgado expresa que “no se sabe si se exagera o no con esta idea”.
 

El antropólogo dice que si todos los monasterios y claustros abrieran sus puertas, se podría saber lo que tienen. “Es ilógico que el gobierno invierta dinero en restauraciones de monasterios y claustros con los impuestos de la ciudadanía y que no hay acceso en la mayoría de ellos”, dice. “Hemos vuelto al sistema de la encomienda”, añade. Ortiz piensa que estos lugares deben manejarse como bienes públicos al ser sacros e históricos.
 

Por otro lado, Parraguez explica que la entidad eclesiástica no está obligada a exponer al público sus bienes. “Están exigidos a ponerlos a disposición de investigadores calificados”, indica. Tampoco se expone todo, porque el tema de la seguridad está de por medio, afirma Pablo Viteri, miembro del Instituto de Patrimonios.
 

“La idea es exponer las obras y al mismo tiempo no descontextualizarlas, porque caso contrario ya no tiene el mismo simbolismo”, indica Viteri. El representante dice que esto es un proceso de negociación paulatino entre la Iglesia y las diferentes instituciones del Estado. Por su parte, el abogado civil afirma que el Estado no tiene que encargarse de todo, ya que no tiene ni los recursos humanos ni económicos para cuidarlos.
 

 



Finalmente, Parraguez cree que sería un enorme error político intervenir para que los monasterios y claustros abran sus puertas. “Vivimos en una sociedad sumamente católica, a nadie le gustaría la idea”, asegura.

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Bienes culturales embodegados

Monasterio del Carmen Bajo

La hermana María Teresa, miembro de la congregación de las "Madres Contemplativas"

Piezas patrimoniales expuestas en el monasterio del Carmen Bajo

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